Hola a todas y todos de nuevo. La Caja de Chocolates va a retomar el tema que venía desarrollando en la columna anterior.
Si aún no la leyó, le dejo el enlace por si quiere pegarle una vicheta antes de adentrarse al presente artículo:
La laicidad "entreverada".
Sobre la base de cómo se entendía a la laicidad de las que hablé en la columna anterior, sumado al caracter gratuito y obligatorio de la educación pública, se moldeó al Uruguay del siglo XX. El Estado alcanzó, en virtud de la masa crítica de ciudadanos que se formaron en un proceso de 20 años, la suficiente legitimidad para dirimir las tensiones y los conflictos mediante las urnas, así como los partidos políticos canalizaron las adhesiones que antes hacían las divisas. Los caudillos dejaron de ser jefes militares y pasaron a ser líderes políticos. Sobre esto, es de recomendar las notables columnas de Tatanka, donde se explaya con lujo sobre lo que fueron los primeros años de vida de nuestro país. La Iglesia, si bien siguió participando como otro actor social más, no tuvo el peso que detentaba en la realidad política de otros países, pues pasó a ser un elemento más vinculado a la vida privada de las personas, al margen de que las manifestaciones religiosas, ya sean cristianas o últimamente, afroumbandistas, y otros cultos han contado con una adhesión popular importante.
Sin entrar en mucho detalle, se podría señalar la erección (dudé mucho en usar este término) de una cruz en Tres Cruces en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II en 1988, o la intención de instalar la imagen de la Virgen María en la rambla de Montevideo como episodios donde el Estado estuvo relativamente involucrado en temas religiosos. Pero es desde el año 2020 que se han dado algunas señales más concretas en el sentido de “flexibilizar” los límites de la laicidad e ir más allá, como ser la misa de asunción del nuevo presidente oficiada por el jefe de la Iglesia Católica uruguaya, el cardenal Sturla, así como el acercamiento de esta figura con personalidades influyentes de este gobierno. (Si habrá agarrado viento en la camiseta el cardenal, que tuvo el tupé de querer incidir sobre la fijación de un partido clásico un Viernes de Turismo. Con el Estado se podrá meter, pero con la AUF noo)
Pero al margen de estos acontecimientos, y volviendo a poner el foco en la cuestión educativa, la concepción sobre de qué debe ser preservada la laicidad contó con nuevos ejes. Ya no era la religión, que parafraseando a la muchachada de ahora "estaba domada" el principal problema, sino que el nuevo peligro para la laicidad pasa a ser "el comunismo". Este enfoque cobra especial relevancia sobre la década del ´50 del siglo pasado y la llegada del gobierno del primer colegiado blanco. En esa época se empezaba a señalar que en el campo educativo había una "injerencia marxista", y que era deber de las autoridades el desarrollar estrategias para contrarrestar esa fuerte influencia ideológica.
Una de las consecuencias que tuvo este enfoque fue (entre otros motivos) el desmantelamiento del "Movimiento de la Educación Rural", que era un grupo de maestros con un fuerte arraigo en el campo, y que tenía andando proyectos como el Núcleo Experimental de La Mina (un área sobre el arroyo homónimo, en el dpto. de Cerro Largo) con un programa maravilloso que fue replicado en el exterior. (Quizás haga unas columnas sobre esto más adelante). El Movimiento estaba formado por un montón de figuras como Miguel Soler Roca, Agustín Ferreiro con sus "Escuelas Granja" (el centro de maestros rurales en la Cruz de los Caminos, cerca de San Jacinto, lleva su nombre), Enrique Bráyer, Homero Grillo y Julio Castro, entre otros. Muchos de sus integrantes fueron perseguidos por la dictadura y como todos sabemos, hasta torturados y asesinados.
Con la sensación de que la educación estaba tomada por “ideologías” circulando entre los sectores más conservadores del país, y con una muy particular interpretación que llegaron a hacer de la "laicidad", para que actúe como una herramienta para “desideologizar la educación”, los gobiernos democráticos previos a la última dictadura tomaron una serie de medidas orientadas a detener lo que se consideraba “infiltración subversiva” en la enseñanza. El contexto de la guerra fría sirvió de excusa. Al citado ejemplo del desmantelamiento y persecución de los maestros del Movimiento de la Educación Rural, se suman otra serie de medidas. En un documento editado en 2014 en el marco de la conmemoración de los 140 años de “La Educación del Pueblo”, el Ministerio de Educación y Cultura da cuenta de cómo los cuadros civiles en vísperas del golpe de estado de 1973 elaboraron un plan de intervención. Para tal fin crearon organismos para intervenir en la educación, como ser el COSUPEN (Consejo Superior de Enseñanza), con la finalidad de socavar la autonomía del sistema. Todo esto apuntaba a limitar la influencia de los docentes en la conducción de la enseñanza, pues implicaba un "cambio refundacional". Así bajaban línea sobre como debería ser instruída la enseñanza en la época, interviniendo en
"los lenguajes pedagógicos y los principios de la educación como instrumentos de cambio social. El nuevo proceso fue presentado como una herramienta de renovación nacional, que cambió el lenguaje, el discurso, el cuerpo de profesores, la bibliografía, los modos de habitar el espacio, etc., penetrando en los hábitos de los ciudadanos”. (2014, p.113).
Sobre esas concepciones, el gobierno de facto pretendía tomar el control sobre lo que se debía enseñar, cómo y de qué manera. Todo homologado por los cuadros civiles que trabajaron en este período (la gran pata silenciosa del Proceso). Natalia Vitalis, quien escribiera un muy interesante artículo sobre la censura en la dictadura (dejo el enlace abajo), sostiene que en este marco ocurren diferentes injerencias, como ser
“la intervención de los Consejos de Enseñanza Secundaria y UTU entre febrero de 1970 y junio de 1971, y la sanción de la Ley 14.101 de Educación General del 4 de enero de 1973” (2011, p.5).
Pavada de tarea se propusieron los muchachos, y bastante energía le dedicaron, pues el celo por el control de la educación no se limitó a la actividad docente. También se intervino en el acceso al material que tanto los alumnos como la ciudadanía en general tenía al alcance. Vitalis sostiene que
“como forma de implementar este sistema operativo de censura y control bibliográfico se crea en el año 1973 la Comisión Asesora de la Biblioteca Central y, posteriormente, en el año 1975, la Comisión Asesora de Libros y Textos, con cometidos más amplios que la primera y abarcando el control bibliográfico de todas las dependencias del Consejo de Educación Secundaria” (2011, p.11).
No era poca cosa. La censura y el control era parte de algo bien planificado y ejercido con diferentes niveles de violencia contra la población. Eso es conocido como "Terrorismo de Estado". Este dato cobra especial relevancia en la actualidad cuando desde el Codicen se elimina el concepto del programa de Historia, justo cuando se está ingresando a los batallones y descubriendo enterramientos clandestinos. Sobre este particular, el historiador, profesor y escritor Carlos Demasi sostvo en su momento que esto condecía con “visiones negacionistas sobre los hechos acontecidos” (2024, febrero 20)
En la próxima entrega vamos a ver cómo es que operaron estas miradas en el actual período de gobierno, donde se configuraron elementos que desde ese entonces hasta la actualidad están en el núcleo de las preocupaciones de los sectores conservadores del país, que han visto en este gobierno una oportunidad para actuar en consecuencia.
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